El cartel lleva varios días circulando por redes y ha desatado una auténtica tormenta digital.
Se trata de un taller virtual titulado “Introducción a la asistencia sexual”, anunciado para este miércoles 29 de octubre a las 17:00 horas, con inscripción gratuita y la participación de Flor, quien se presenta como “asistente sexual en activo”.
La sorpresa (y la controversia) no viene solo del contenido, sino de quién aparece detrás: el cartel lleva los logotipos de Calala – Fondo de Mujeres, la Unión Europea (Financiado por la UE) y la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
El mensaje es claro: el curso busca “conocer, debatir y repensar la asistencia sexual”, explorando “conceptos básicos, su marco ético y las experiencias actuales”, todo ello —según el texto— “desde una mirada proderechos, el respeto y la diversidad de cuerpos y deseos”.
Entre los cuidados y la prostitución: el debate ético que nadie quiere afrontar
La “asistencia sexual” es un concepto relativamente nuevo en España, todavía sin una definición legal precisa. En teoría, consiste en acompañar sexualmente a personas con diversidad funcional que, por sus limitaciones físicas o sociales, no pueden acceder a experiencias íntimas convencionales.
Sin embargo, su frontera con la prostitución es difusa, y el hecho de que el taller esté vinculado a colectivos de trabajadoras sexuales ha multiplicado las críticas.
Mientras los organizadores lo presentan como un espacio de reflexión y formación en derechos, sectores abolicionistas y feministas radicales lo acusan de blanquear la prostitución con dinero público, bajo un barniz de “diversidad y consentimiento”.
¿Fondos europeos para financiar talleres sexuales?
La presencia del emblema de la Unión Europea ha generado una oleada de preguntas sobre la procedencia de los fondos.
¿De qué programa proviene esa financiación? ¿Qué organismo supervisa el contenido de estos talleres? ¿Y hasta qué punto se ajustan a la legalidad vigente?
De momento, ni Calala ni OTRAS han aclarado públicamente la cuantía ni el origen exacto de la financiación.
En España, la legislación permite actividades de educación sexual, pero la promoción de la prostitución o su enseñanza con fines lucrativos se encuentra en una zona legal gris.
Lo que dicen las partes
Desde los colectivos organizadores se defiende que la asistencia sexual no tiene nada que ver con la prostitución, sino con “el derecho a la sexualidad de las personas con diversidad funcional”.
Para ellos, hablar de sexualidad desde la autonomía y el consentimiento es una forma de romper tabúes y ofrecer un servicio que, aseguran, mejora la salud emocional y corporal de muchas personas.
En el lado contrario, asociaciones feministas insisten en que esta práctica “abre la puerta a legitimar el mercado sexual” y piden una investigación sobre el uso de dinero público en formaciones que, según denuncian, “rompen la línea roja entre asistencia y explotación”.
⚡ Un síntoma de los nuevos tiempos
Más allá del escándalo, el caso refleja la tensión cultural que vive España y Europa en torno al sexo, los derechos y los límites del Estado.
Mientras unos defienden que es una nueva forma de inclusión y libertad personal, otros lo consideran una institucionalización del mercado sexual con dinero de los contribuyentes.
Lo que está claro es que la conversación está servida.
Y en pleno 2025, parece que hablar de sexo, poder y política sigue siendo una de las formas más eficaces de encender internet.
